CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS
Capítulo Suroccidente
Los 56 juristas que hicieron presencia en 11 departamentos del pais concluyeron entre otras cosas que alrededor de 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el 2009
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En rpaSUR Dialogamos con:Dialogamos de igual forma con Camilo Serrano de la Red de Derechos HumanosDe igual manera dialogamos con Carlos Perez del PNUD y Javier Dorado del
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Santiago de Cali, agosto 26 de 2010 COMUNICADO DE PRENSA II CARAVANA INTERNACIONAL DE JURISTAS Desde el 23 de agosto, y hasta el 28 del mismo mes, se realiza en Colombia la II Caravana Internacional de Juristas, compuesta por más de 56 delegados y delegadas de 13 países, vinculados al ejercicio de la abogacía. Los caravanistas realizan una labor de verificación, en nueve departamentos, de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en la primera Caravana -realizada en el año 2008-, además de visibilizar la difícil situación de derechos humanos que viven los abogados en Colombia, la persecución de la cual son víctimas y las dificultades a las que se enfrentan en su actividad. En el suroccidente colombiano la Caravana se dividió en dos comisiones: Cali y Popayán. En su paso por la región, la Caravana se ha reunido con víctimas, abogados, operadores judiciales, entes estatales y más de 60 organizaciones sociales, recogiendo testimonios de primera mano que dan muestra de la crítica situación de derechos humanos y terrorismo de Estado que se vive en Colombia, lo cual ha sido constatado en informes emitidos por diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Es de resaltar que no fue posible un diálogo con presos, dada la censurable postura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que prohibió a nivel nacional el ingreso de la Caravana a las diversas cárceles del país. Fue posible conocer que, en lo referente a los objetivos y compromisos de la I Caravana, la situación general del país ha empeorado. La comunidad internacional notó en el discurso de posesión del nuevo presidente promesas para mitigar este hecho, las cuales serán vigiladas y monitoreadas tanto por las diferentes comisiones internacionales, como por la red internacional de abogados que integran la Caravana. La II Caravana Internacional de Juristas reitera su invitación al gobierno nacional a cumplir los compromisos y las múltiples recomendaciones de toda índole que se han formulado frente a la situación de derechos humanos en Colombia.
Anexo Integrantes de la caravana: Popayán: Yukiko Ko ( Japón), George Gray (Canadá) y Jeffrey Forrest (Reino Unido)- Cali: Sara Chandler (Reino Unido), Dennis L' Glais (Canadá), Héctor Trajtemberg (Argentina), Alirio Uribe (Colombia). Entre la información recolectada se encontraron datos alarmantes como: el reporte de 1.300 homicidios en la ciudad de Cali en lo corrido de 2010; la llegada a esta misma ciudad de cerca de 12.000 desplazados mensuales y el asesinato en ella de cerca de 34 abogados y defensores públicos entre el año 2000 y el 2009; la existencia de un 85% de impunidad en los homicidios reportados; la afectación directa de la independencia y autonomía de los jueces, violentadas por el esquema gubernamental de la "Seguridad Democrática". Resulta particularmente grave la persecución contra magistrados, jueces, fiscales y empleados de la rama judicial, quienes en cumplimiento de sus deberes y funciones constitucionales vienen siendo objeto de señalamientos, amenazas y en otros casos, muerte indiscriminada. En Cali, existe una problemática aguda frente a las condiciones de trabajo de los jueces y abogados, que funcionan diseminados en 11 edificios, amontonados en incomodas oficinas y salas de audiencia con deficiencias técnicas, como falta de aire, de iluminación, etc. Cada juez tiene entre 350 y 400 procesos acumulados. Es de resaltar la censurable postura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que prohibió a nivel nacional el ingreso de la II Caravana a las diversas cárceles del país (para el caso del suroccidente: el complejo penitenciario de Jamundí, y la cárcel de San Isidro de Popayán). Esto constituye la prueba irrefutable del marcado temor estatal a que se conozca la grave situación carcelaria que afecta a presos políticos y sociales. Comisión de Prensa y Comunicaciones |
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