Muy difícil para los defensores del gobierno fascita de Uribe Velez negar ese secreto a voces de que en Colombia sigue en vigencia la pena capital como política de Estado tanto por la connivencia entre militares y mercenarios como por los vinculos comprobados entre gobierno y jefes paramilitares.
El asunto a decir verdad es viejo y responde a toda una estrategia política de la gran burguesía criolla bajo una estricta agenda de tierra arrasada impuesta por la casa blanca a través de planes y programas entre los que se destacan en las últimas décadas el plan laso, el plan Colombia y ahora el plan patriota.
La mal llamada guerra contra las drogas en Colombia no ha sido otra cosa diferente a una guerra de baja intensidad, un modelo de lucha contrainsurgente, al considerar a este país suramericano como punto de la geoestrategia imperialista para el cono sur.
Tras la financiación de programas de lucha contra el narcotráfico el gobierno de Washington ha encontrado respaldo en gobiernos liberales y conservadores, y ahora en algunos elementos de la llamada centroizquierda que encabeza el polo democrático, un verdadero camino abierto en donde poner en práctica modelos de eliminación física, desaparición, falsos positivos, autoantentados y lo que es peor, el más cínico sistema de macartización a la población civil que vive en zonas de influencia guerrillera.
Familiares de las víctimas de quienes han perdido la vida en ejecuciones sumarias o extrajudiciales, no de ahora, es verdad, pero mas numerosas en el gobierno de Uribe o con más énfasis, se han atrevido a denunciar al Estado como responsable ante las cortes nacionales e internacionales sin resultados ala vista.
La pena de muerte, aquella por la que han desaparecido en Colombia cientos de miles de lideres sindicales, voceros y miembros de organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos, investigadores, candidatos presidenciales y estudiantes universitarios, al peor estilo de todo lo que conoce la historia suramericana con la Operación Condor en los regímenes militares del último cuarto del siglo pasado, ha quedado develada gracias a la presión internacional, gracias a la globalización del conflicto colombiano y al papel jugado por las fuerzas insurgentes allende los mares.
No es ni ha sido para nuestra red editorial dar a conocer los números y las estadísticas frias del resultado de esta macabra política de Estado, pero si hemos de mantener en alto el rechazo y la condena de tales procederes en tanto la comunidad internacional salude, como en efecto saluda, el hecho de que en Colombia existiendo un conflicto social y armado haya una resistencia armada que merece el respeto y la consideración de pueblos y gobiernos progresistas a nivel continental.
El colofón de esta situación violatoria de los Derechos Humanos en Colombia, pone sobre el tapete ojalá, la gran discusión de dos aspectos de la vida social: De una parte, la existencia de la pena de muerte a manos de agentes del Estado y la segunda, la discusión sobre la ética del derecho y el papel de los medios de comunicación.
Por eso la pregunta: Si en este país hoy se conocen tales vergonzosas cifras de muerte de civiles, dónde estaban periodistas y directores de los medios de comunicación?.