Acercamiento a la situación del campesinado en el Valle del Cauca
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DOCUMENTO PRESENTADO EN EL MARCO DE LA SESIÓN AMPLIADA DE LA COMISIÓN QUINTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. |
Por Secretaria tecnica CONAP/23/10/10
| Buenaventura, Valle del Cauca. octubre 22 de 2010 Desde la Coordinación Campesina del Valle del Cauca –CCVC, y la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca -ASTRACAVA, saludamos este espacio citado por la Senadora Piedad Córdoba Ruiz, compañera de lucha de campesinos, obreros, estudiantes y demás sectores populares, quien con obras más que con palabras nos ha demostrado su compromiso con las justas causas de construir un país en paz con justicia social, basado en los pilares de la libertad, igualdad, dignidad, soberanía y democracia; como era lógico en un Estado dirigido por la mafia y el narcoparamilitarismo, altos funcionarios del Estado, representantes de los sectores más retardatarios de la burguesía y la oligarquía que históricamente han detentado el poder del Estado, no tardaron en deslegitimar y deshonrar su ardua labor humanitaria, estigmatizándola y satanizándola hasta tal punto que el Procurador violando los procedimientos establecidos por la normatividad colombiana, profirió la conocida sanción que la destituyó de su cargo; sin embargo aquí está el pueblo acompañando sus iniciativas legislativas, porque sabemos que más allá de su investidura como parlamentaria, la senadora Piedad es una obrera, una campesina, una representante del pueblo que fabrica y labra la esperanza con las herramientas y las semillas de los sueños de las masas oprimidas. En el Valle del Cauca como en las demás regiones del país, la situación del campesinado es crítica, en tanto que las mejores tierras son concentradas por terratenientes, de hecho cerca del 87% de los propietarios más pobres, controlan menos del 18% del área productiva; mientras que los terratenientes, que representan menos del 3% de los propietarios poseen más 56% de las mejores tierras del departamento; siendo los principales beneficiarios de los programas estatales de apoyo al sector rural en términos de crédito, incentivos a la producción y mercadeo, como es tristemente famoso el caso de la concentración de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, por parte del sector azucarero y ganadero, la monopolización de la investigación agropecuaria y de los mercados agropecuarios. Los campesinos del Valle del Cauca, hemos sufrido la presión de sucesivas olas de violencia dirigida desde el Estado para "descampesinar" el territorio que nuestros antepasados colonizaron, por eso en el departamento solo el 14% de la población habita en el campo; el destierro forzado de los territorios más productivos del departamento, nos ha obligado a asentarnos en las zonas de ladera, en los que subsistimos de cultivos como el café, sin que existan subvenciones del Estado que propendan por mejorar nuestra situación económica, como tampoco invierte el Estado en la dignificación de nuestras precarias condiciones de vida, esto puede ser demostrado por los altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas que presentan los campesinos, el mal estado de las vías de comunicación que dificulta el proceso de comercialización, la inexistencia o mal estado de la infraestructura comunitaria, las limitaciones presupuestales para la contratación de educadores y profesionales de la salud en el campo, el bajo cubrimiento de programas de salud, por lo que somos sometidos a los famosos paseos de la muerte; en fin, son innumerables los problemas que afrontamos los campesinos; pero entre éstos, no podemos pasar por alto la violación sistemática al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública, entre los vejámenes destacan por su gravedad los siguientes hechos: - El asesinato de nuestro compañero César Cuadros Leal, socio de ASTRACAVA Subdirectiva Tuluá, a manos de efectivos de la Brigada Móvil 20 el día 4 de Julio de 2008. - Estigmatización de los dirigentes campesinos integrantes tanto del espacio de coordinación departamental, como de las subdirectivas municipales de ASTRACAVA; siendo los casos más representativos: la detención del compañero Hugo Ramírez, presidente de la subdirectiva Pradera, lo que se constituye en una muestra más de la represión política que sufren los líderes sociales en Colombia; y la persecución contra campesinos de Palmira, Buga y Tuluá, a quienes el ejército exhorta a aceptar los planes de desmovilización a cambio de prebendas económicas, pretendiendo involucrar a la población civil en el conflicto. Este hecho es bastante grave, en tanto que las fuerzas militares satanizan al campesinado y a sus dirigentes naturales, considerándonos como aliados de la insurgencia por el solo hecho de habitar el campo y estar organizados, en consecuencia, el comportamiento de las fuerzas militares en los territorios campesinos, se asimila al de los ejércitos de ocupación. - La incineración de 2 residencias en el municipio de Guacarí en Febrero 4 de 2010. - Utilización de los centros comunitarios, educativos y nuestros hogares de residencia como trincheras, lo cual ocurre frecuentemente en todos los municipios, siendo el caso de la zona rural de Florida el que presenta mayor complejidad. Como iniciativa de nuestras organizaciones hemos buscado la interlocución en los distintos niveles de la administración ejecutiva estatal, tanto en los municipios como en el departamento, como herramienta conducente a primero, mejorar el proceso de inversión de recursos desde las alcaldías y la gobernación en las comunidades campesinas y segundo, para que se reconozca nuestra visión política para el manejo y desarrollo de nuestros territorios; no obstante nuestras iniciativas han sido desconocidas de plano, negándosenos el derecho a ejercer los mecanismos de participación ciudadana; por el contrario, las instituciones estatales le han dado todas las garantías a la empresa privada nacional y transnacional, para que en los territorios que habitamos puedan desarrollar megaproyectos pasando por encima de las comunidades, como ha sucedido con la construcción de centrales hidroeléctricas sobre los ríos Amaime y Tuluá por parte de la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA; la implementación de inmensas plantaciones forestales de propiedad de Smurfitt - Cartón de Colombia; en el mismo sentido, vemos con preocupación la solicitud expresa de la transnacional Anglo Gold Ashanty y su filial en Colombia Kedhada de explotar oro a cielo abierto en la cuenca del río guabas, lo que seguramente afectará al campesinado asentado en sus riveras en los municipios de Guacarí y Ginebra. Como es obvio, el Estado ha militarizado los territorios implementando bases militares como la de la Diana en Florida, como estrategia para consolidar la "confianza inversionista" para que las transnacionales aseguren el saqueo de nuestros recursos naturales, destruyendo el medio ambiente y la naturaleza de los ecosistemas. El argumento que sostienen tanto la autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, la administración departamental y las alcaldías municipales, es que a través de la inversión de capital extranjero, se generarán regalías para el departamento y las localidades que podrían ser retribuidas en las comunidades, sin embargo, las regalías que se captan no alcanzan a compensar el daño ambiental causado, la inversión de recursos por concepto de regalías en las zonas campesinas es irrisoria por decir lo menos, como también se nos ha imposibilitado a nuestras organizaciones incidir en la administración de estos recursos. Es particularmente grave lo sucedido con la construcción de Centrales Hidroeléctricas en los Ríos Amaime y Tuluá, dado que aunque las organizaciones campesinas venimos solicitando a EPSA espacios de concertación desde finales de 2007, la empresa ha rechazado tajantemente nuestras propuestas, negando cualquier posibilidad de interlocución y concertación. Siendo esta la situación en el Valle del Cauca, que seguramente no es muy distinta a la de otras regiones del país, consideramos que no es veraz el argumento del gobierno nacional de implementar la gran minería en los territorios campesinos como posibilidad de desarrollo, puesto que la minería a gran escala, además de no generar grandes cantidades de recursos para el fisco nacional, causa un grave deterioro ambiental de los ecosistemas, destruye la naturaleza, impide a las comunidades y a las organizaciones que las representan a ejercer la autonomía para el manejo del territorio, se niega la posibilidad a la nación y a los pueblos a ejercer la soberanía, se niega el derecho a las comunidades a conservar la economía campesina, en tanto que desde el Estado se planifica un uso del suelo distinto al actual, considerando que los bienes básicos de la canasta familiar pueden ser importados desde los países industrializados del norte, lo que puede llegar a ocasionar un aumento de la ya alta dependencia alimentaria para el pueblo Colombiano, recordamos que en la actualidad, según informan los investigadores del tema, se importan 8 millones de toneladas al año o un poco más del 54% de los alimentos que antes eran producidos por el campesinado en el territorio Colombiano, por lo que han aumentado ostensiblemente los niveles de pobreza en el campo, por la imposibilidad de mercadear a precios justos los productos agropecuarios; pero la principal consecuencia de la adopción de la gran minería serán el aumento de la dependencia en todos los niveles y en la disminución de las libertades tanto individuales como colectivas, puesto que las condiciones laborales de los trabajadores de la gran minería rayan con la esclavitud de siglos pasados, como lo demuestra Fernando Soto Aparicio en su bello texto "la rebelión de las ratas", como en el pacífico Colombiano en donde las comunidades ricas en recursos mineros, son las más presionadas a laborar en las condiciones más precarias, o en los distintos países del áfrica subsahariana que han adoptado la gran minería como mecanismo de desarrollo nacional. Señalamos que la propuesta del Gobierno nacional frente a la población desplazada es un pequeño paso en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de los crímenes de Estado, que no soluciona estructuralmente la problemática de la población en situación de desplazamiento forzado, ni mucho menos la compleja problemática agraria de la nación colombiana, por lo cual está lejos de plantearse como "proyecto de restitución de tierras" en tanto que la iniciativa surge por la definición de una sentencia de la Corte Constitucional y por los convenios asumidos por el Estado con la Organización de las Naciones Unidas, ONU; en el marco del lavado de imagen del gobierno colombiano para darle viabilidad a la concreción de Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, que favorecerán solo a los grandes empresarios que concentran el mercado agropecuario y financiero. Como organización campesina, como parte de los sectores organizados de la sociedad y como parte de procesos de unidad popular a nivel nacional y regional, RECHAZAMOS LA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO DE ESTABLECER LAS SIETE BASES MILITARES NORTEAMERICANAS EN EL TERRITORIO NACIONAL porque viola flagrantemente nuestra soberanía y agudiza el conflicto social y armado que nos aqueja, en este sentido solicitamos al Estado y al gobierno colombiano que cumpla con su deber constitucional de promover la paz a través de una salida política y negociada al conflicto social y armado, en tanto que la guerra que cunde en campos y ciudades ha ocasionado profundas amarguras y resentimientos en la sociedad, ha dilapidado los recursos con que cuenta la nación e impide un verdadero desarrollo económico nacional que repercuta en alcanzar la ansiada felicidad del pueblo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país. Debemos recordar que la solución a los problemas que aquejan la nación, deben partir entre otros aspectos de suma importancia, de la solución a la problemática agraria y ésta debe fundamentarse en las siguientes propuestas que han sido construidas por las distintas organizaciones que confluyen en los espacios nacionales de unidad: 1. Realizar un proceso de reforma agraria integral democrática y participativa lo cual implica a grandes rasgos que la producción nacional de alimentos esté basada en esquemas que respeten la autonomía y la soberanía alimentaria; 2. La construcción de mercados justos que inserten los productos agropecuarios del campesinado, evitando la monopolización y la concentración de los mismos, promoviendo su valorización a través de procesos de transformación agroindustrial; 3. Un reordenamiento de la propiedad rural, eliminando el latifundio y las tierras improductivas a través de procesos de redistribución de la tierra para el campesinado; la construcción de la infraestructura que requieren las comunidades; 4. La adopción de políticas de incentivos que subvencionen en distintos niveles la producción agrícola de las familias campesinas; 5. La definición de una política ambiental concertada con las organizaciones campesinas que promueva un reordenamiento territorial para la protección de los ecosistemas estratégicos basado en la soberanía de la nación y de los pueblos; 6. La expedición de una verdadera ley de víctimas del terrorismo de Estado, conducente a reparación simbólica y material de las víctimas, por lo que se requiere que las tierras usurpadas por las mafias y el narcoparamilitarismo les sean expropiadas para construir un proceso de restitución de tierras a los desplazados que hoy habitan las ciudades; 7. Apoyo para financiar la creación y constitución de Zonas de Reserva Campesina en el departamento, a través de la formulación de los Planes de Desarrollo Campesino y la ejecución de los programas y proyectos contemplados en los mismos, para lo que se requiere voluntad política de las distintas instancias gubernamentales y Estatales, desde el nivel central a los municipios, tratando de recoger la experiencia de Plan Piloto de Zona de Reservas Campesinas, PPZRC; 8. La creación de una mesa regional de concertación con representantes de alto nivel delegados de los ministerios de Agricultura y, Minas y Energía, que tendría la finalidad de acordar propuestas tendientes a solucionar la problemática del agro en la región suroccidente. Junta Directiva Departamental de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca – ASTRACAVA Coordinación Campesina del Valle del Cauca – CCVC. Buenaventura, Valle del Cauca. Octubre 22 de 2010
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