Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron nuevamente su intención de aprobar un canje humanitario que liberaría a unos 500 rebeldes presos por un número de retenidos "canjeables", pero siempre y cuando sea durante la búsqueda de un nuevo gobierno en Colombia, que trabaje por una Asamblea Constituyente que impulse reformas políticas diferentes a las actuales.
El anuncio fue emitido este miércoles dentro del mensaje de fin de año del grupo revolucionario, difundido por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) y que está fechado el 22 de diciembre.
"Saludamos y les manifestamos nuestra solidaridad militante en las cárceles del régimen a los rebeldes y a todos los presos políticos. A todos les reiteramos que no cejaremos en la lucha por cristalizar un acuerdo humanitario", manifestó la organización..
El mensaje se conoció mientras se espera que las FARC concreten su gesto de buena voluntad unilateral, que consiste en la liberación de seis retenidos, tal y como los anunciaron el pasado 21 de diciembre.
Los nombres anunciados forman parte de los "canjeables" que no han podido concretar su liberación por la falta de disposición del gobierno del presidente, Álvaro Uribe, de quebrar el encierro del grupo de guerrilleros presos políticos y desmilitarizar dos zonas de la geografía colombiana.
En su mensaje, las FARC calificaron 2008 como "otro año vergonzoso para los colombianos, caracterizado como nunca por una sucesión de crímenes, corrupción y gravísimos escándalos".
Asimismo, insistieron en su propuesta de trabajar por un nuevo gobierno patriótico, democrático, bolivariano, con rumbo al socialismo, y por una Asamblea Constituyente que sea respetada en sus decisiones, representativa de todos los sectores.
Las FARC aprovecharon para acusar a la Fuerzas Militares de Colombia de estar aliados con el paramilitarismo derechista, que azota a la nación neogranadina, para causar el desplazamiento de más de 4 millones de personas y la desaparición de más de 25 mil.
La organización también se refirió al escándalo por la detención de numerosos políticos con nexos con paramilitares de derecha y aseguró que el caso compromete a toda la cúpula del Estado.
Criticó el despilfarro militar del Gobierno colombiano y aseguró que en los últimos seis años Estados Unidos ha destinado 10 mil millones de dólares al "imperial, inútil y fracasado" Plan Colombia que presuntamente sirvió contra las drogas y el terrorismo.
Añadió que EE.UU. busca desestabilizar los Gobiernos vecinos de Colombia como el del presidente venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa.
Las FARC subrayó que el neoliberalismo mundial vive su peor crisis en muchos años y los "efectos del colapso neoliberal y del capitalismo salvaje atropellan a millones de seres humanos".
El movimiento hace referencia a los seis años del "gobierno fascista" de Álvaro Uribe, y describen su reelección como un "fraude con engaños, sobornos, truculencias y traiciones".
Además sostienen que el Congreso de ese país será recordado como "un parlamento, (con honrosas excepciones de la oposición) plagado de delincuentes confesos, mafiosos, componenderos y paramilitares con las manos tintas en sangre de compatriotas".
En el mensaje también nombran a varias empresas privadas por financiar al paramilitarismo para que ejecuten "sus espeluznante matanzas".
Entre las compañías nombradas están: "Postobón, Bavaria, Coca-Cola, Carbones del Caribe, Brasilia, Copetran, Vikingos, Palmicultores del Magdalena, Cafeteros de la Sierra Nevada, Carboneras del Cesar, Ecopetrol, Prodeco, Pizano, Maderas del Darién; Maderas de la Cuenca del río Truandó, Transportadores de Carbón del Monte, Bancol, Drumond, Hyundai, Corcel, Club Vacacional Mendihuaca, Caribbean Resort, algunos contratistas de Gases del Caribe, Chiquita Brands (le regaló 3.000 fusiles a los paramilitares), Dole, Probán, Unibán y Sociedad Emilia Hazbún y Cia".
También denunció al gobierno de gastar anualmente más de 22 billones de pesos (9 mil 691 millones de dólares) un 6,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) que asciende a 351,2 billones de pesos. "Si el Estado destinara a educación y salud el total del gasto militar, con ese dinero podrían construirse 3.666 escuelas y 220 hospitales de tercer y cuarto nivel", destacá el movimiento rebelde.